Las medidas de protección del consumidor suelen establecerse por ley. Dichas leyes pretenden evitar que las empresas realicen fraudes o determinadas prácticas desleales para obtener una ventaja sobre sus competidores o para engañar a los consumidores. También pueden ofrecer una protección adicional al público en general, que puede verse afectado por un producto (o su producción) aunque no sea el comprador o consumidor directo de dicho producto.

Las normativas gubernamentales pueden exigir a las empresas que revelen información detallada sobre sus productos, especialmente en áreas en las que la salud o la seguridad pública es un problema, como en el caso de los alimentos o los automóviles.

La protección del consumidor está vinculada a la idea de los derechos del consumidor y a la formación de organizaciones de consumidores, que ayudan a los consumidores a elegir mejor en el mercado y a presentar reclamaciones contra las empresas. Las entidades que promueven la protección del consumidor incluyen organizaciones gubernamentales (como PRO CONSUMIDOR en la República Dominicana), organizaciones empresariales autorreguladas (como las Better Business Bureaus en los Estados Unidos) y organizaciones no gubernamentales que defienden las leyes de protección del consumidor y ayudan a garantizar su cumplimiento (como las agencias de protección del consumidor y los grupos de vigilancia).

Un consumidor se define como alguien que adquiere bienes o servicios para su uso directo o propiedad en lugar de para su reventa o uso en la producción y fabricación. Los intereses de los consumidores también pueden servir a los consumidores, en consonancia con la eficiencia económica, pero este tema se trata en el derecho de la competencia. La protección del consumidor también puede hacerse valer a través de organizaciones no gubernamentales y de individuos como activismo de los consumidores.